Estos empaques, utilizados para alejar a los insectos de la fruta, son un requisito de las multinacionales para poder exportar los productos. Los campesinos de la región aseguran que los desechos llevan más de un año sin recogerse.

Crédito: EL ESPECTADOR

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La preocupación ambiental de los campesinos productores de plátano en el Urabá aumenta con el paso de las semanas. ¿La razón? Las toneladas de bolsas, utilizadas como insecticida, que son desechadas indiscriminadamente y a la fecha no tiene una autoridad ambiental que se ocupe de ellas correctamente.

Según explican los productores de plátano, se trata de una bolsa de polietileno que es requisito de las multinacionales para los grandes y pequeños productores. Un material de plástico, con unos compuestos químicos especiales, que se pone sobre el racimo de plátano para evitar que los insectos afecten el producto que va a ser exportado.

Este problema según Vanderly Quintero, líder local, se extiende a lo largo de la región. “En año y medio se han acumulado toneladas de estos desechos en el Urabá antioqueño, Urabá chocoano y Urabá cordobes”, señaló a El Espectador. Aunque la obligación del campesino es poner cada bolsa en un punto de acopio especial, según Quintero, este punto de recolección no es monitoreado por los productores de las bolsas de plástico y tampoco pueden ser recogidas por las empresas de limpieza, pues por los componentes químicos deben tener un tratamiento especial.

Ante falta de seguimiento, por parte de los productores de las bolsas, las comunidades de productores se han visto afectadas y muchas veces, en medio del desconocimiento, también han contribuido al aumento de la contaminación que producen estos desechos. “Al ver que se acumulan las bolsas los campesinos se han visto obligados a quemarlas, entierrarlas, contaminando el subsuelo, o en otros casos también las arrojan a los ríos”, agregó Vanderly Quintero.

Hace tres meses, aproximadamente, las comunidades presentaron un derecho de petición en el que incluían a la Defensoría del Pueblo, CorpoUrabá, las multinacionales implicadas, la Secretaría de Agricultura de Antioquia y la Secretaria de Agricultura de Turbo. Aunque algunas entidades han respondido a la notificación, según los voceros locales, este problema ambiental se ha convertido en “una tiradera de pelota frente a la responsabilidad”.

Lo cierto, es que las semanas siguen pasando y aunque la petición de las comunidades ya se escaló a la ANLA aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. “Las compañías que tienen esa responsabilidad no la están asumiendo y es allí donde se está generando un impacto ambiental”, agregó Quintero. Las comunidades hacen un llamado al cumplimiento de las normas ambientales, al apoyo de los campesinos locales que se ven afectados y a una respuesta pronta.

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