La demanda colectiva contra la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley fue presentada este martes en la ciudad de Melbourne ante el Tribunal Federal y se opone a la ampliación de la mina de Vickery, unos 333 kilómetros al noroeste de Sídney, según han confirmado a Efe fuentes del equipo legal de los jóvenes este miércoles.
El reto legal está encabezado por la activista por el medio ambiente, Anjali Sharma, de 16 años, y otros estudiantes del movimiento estudiantil School Strike 4 Climate, que ha organizado varias manifestaciones en los últimos años para exigir al gobierno australiano que tome medidas urgentes contra la crisis climática.
La demanda argumenta que el Gobierno “tiene el deber de cuidar a los jóvenes frente a la contribución al cambio climático de esta mina”, dijo a Efe David Barnden, abogado del bufete Equity Generation Lawyers, que representa a los adolescentes.
El letrado explicó que en la demanda se aborda “el potencial impacto en la salud, la economía, además de repercusiones físicas como los eventos climáticos, incendios y otros aspectos como la mayor prevalencia de enfermedades tropicales“.
Si la ministra Ley concediera la autorización final a la expansión, la mina Vickery emitiría, según indican, 370 millones de toneladas de carbón en los próximos 25 años, lo que equivale a un 70 por ciento del total de las emisiones domésticas registradas en Australia en 2019.
Sin embargo, la ampliación de la mina proporcionaría un beneficio neto de unos 869 millones de dólares (737 millones de euros) al estado de Nueva Gales del Sur y crearía unos 950 puestos de trabajo, según la empresa australiana Whiteheaven Coal, a cargo del proyecto.
Pero si los tribunales dieran la razón a los jóvenes, la decisión sentaría un precedente sobre la aprobación de futuros proyectos de combustibles fósiles en Australia, señaló Barnden.
“Lo que es único de este caso es que es la primera demanda colectiva de menores en todo el mundo“, indicó Barnden.
Asimismo, En Australia, la estudiante de derecho de 23 años, Katta O’Donnell, tiene previsto presentar una demanda colectiva contra el Gobierno australiano, bajo la acusación de no revelar actualmente a inversores los riesgos financieros asociados a la crisis climática.
El cambio climático es un tema controvertido en el país oceánico, que se comprometió a reducir las emisiones entre un 26 y un 28 por ciento con respecto a los niveles de 2005 para 2030, lo que provocó la caída del gobierno laborista por un impuesto a los gases contaminantes.
En Australia, existe un fuerte sector político conservador que busca mantener la explotación de combustibles fósiles, con el argumento de que las energías alternativas o las medidas para mitigar el cambio climático elevan las tarifas eléctricas.
