En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.
Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.
“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.
“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.
El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.
El informe plantea cuatro hallazgos principales:
Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.
“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.
El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.
Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación. Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.
“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.
Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú
En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.
“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.
En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80 %.
Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.
En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.
