La Amazonia es una de las regiones a las que se les presta más atención en el mundo. El foco está puesto sobre la gran biodiversidad, su extensa red hidrográfica y el papel fundamental que juega en la regulación del clima del planeta. No en vano, hace apenas unos días Estados Unidos, Reino Unido y Noruega impulsaron una inversión de US$1.000 para proteger la selva tropical. Pero, a la par con el dinero de cooperación internacional que llega, semanalmente los sistemas de monitoreo satelital detectan nuevas presiones e impactos sobre los ecosistemas que se acercan cada vez más a un daño irreversible.
La selva amazónica tiene una extensión de más de ocho millones de kilómetros cuadrados, de los cuales más de la mitad (65,8 %) están sometidos a algún tipo de actividad impulsada por el ser humano que afecta su conservación. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) mostró en su más reciente estudio: “Atlas Amazonia bajo presión 2020”, la degradación que sufrió el bioma en los últimos nueve años como consecuencia de siete principales detonantes: construcción de vías, extracción de petróleo, minería legal e ilegal, proyectos hidroeléctricos, actividad agropecuaria, extracción de madera y cultivos ilícitos.
Para Adriana Rojas, coordinadora del equipo de sistemas de información de la Fundación Gaia Amazonas —una de las organizaciones que contribuyó en el estudio—, aunque las actividades que están degradando la selva se desarrollan por separado y afectan uno o varios componentes de los ecosistemas, todas generan un impacto agregado. En otras palabras, un daño lleva a otro daño. “Esos impactos son acumulados y una sola actividad puede estar generando o dinamizando otras”, señaló a El Espectador.
Según el estudio, en 2020 todos los países del bioma amazónico ya tenían la mayor parte de su territorio sometido a algún tipo de actividad que genera un impacto ambiental. Un daño que, según la RAISG, aumentará no solo por la continuidad de esas explotaciones, sino por la llegada de nuevas intervenciones. Actualmente, el 27 % de la selva está en proyecciones para la explotación de hidrocarburos, extracción de minerales y construcción de nuevas vías o hidroeléctricas .
El caso de Ecuador fue el escenario más dramático, pues se observó que el 88 % de su territorio amazónico se ha visto afectado por alguna de estas actividades, seguido de Guyana (81 %), Bolivia y Perú (42 %), y Brasil y Venezuela (72 % y 68, % respectivamente). En Colombia, aunque no presentó presiones muy altas, la posibilidad de explotación minera y petrolera se mantuvo constante y presenta presiones en el 55 % de su territorio amazónico.
Colombia encabezó la lista de una de las actividades que son dinamizantes de otros impactos ambientales: la construcción de vías en medio de la selva. Según la RAISG, en el país se construyeron 22,9 kilómetros de vías no planificadas en los últimos nueve años, 1,2 de las cuales fueron pavimentadas y el resto no. “Las carreteras son predictores del avance de diferentes actividades que generan eliminación de los ecosistemas naturales. Todos los nuevos desarrollos viables son los grandes precursores de la transformación en la Amazonia”, explicó Tina Oliveira-Miranda, doctora en Ciencias Biológicas y coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba, organización venezolana miembro de RAISG.
La región amazónica es mucho más que una parte de selva dividida por fronteras entre países, por eso las afectaciones que se producen en Brasil impactan a Colombia, Perú o Bolivia. Tina Oliveira-Miranda lo explicó con un ejemplo más sencillo: “Haz de cuenta que vas caminando por una acera que está cubierta de árboles y de un momento a otro llegas a una parte donde ese bosque ha sido cortado. Cuando se pasa de un espacio a otro se siente el clima mucho más caliente, por los efectos del sol; la temperatura es mayor y la sensación de falta de humedad es mucho más alta. Ahora imagínate eso, pero con alrededor de siete millones de kilómetros cuadrados de bosque continuo que perdió la Amazonia”.
La deforestación, las quemas y los pérdidas en las reservas de densidad de carbono son las principales consecuencias de las actividades impulsadas por el ser humano en la selva amazónica. Los proyectos de extracción agotan el tiempo que le queda al bioma antes de que pierda su función de equilibrio ambiental como lo conocemos. “Con los cálculos que hicimos, podríamos decir que el 15 % de la Panamazonia ya presenta por lo menos alguna consecuencia. El 20 y 25 % son los porcentajes máximos de lo que podríamos afectar para que siga actuando como lo hace hasta ahora. Eso quiere decir que, si seguimos a ese ritmo, estamos hablando de que más o menos tendríamos unos diez años para parar esa situación”, concluyó Rojas.
Para la RAISG, además de la importancia de saber cuáles son las causantes de las cifras de deforestación, quemas y pérdidas de carbono almacenado que se publican anualmente e identificar “con nombres y apellidos” a sus responsables, como señaló Oliveira-Miranda, es también fundamental darles más poder y relevancia a quienes han habitado la selva ancestralmente sin causar los daños que las culturas occidentales hicieron en poco tiempo. “Las comunidades indígenas en la región amazónica llevan miles de años viviendo allí y no vemos impactos negativos de su permanencia en esos territorios. Ellos han desarrollado lo que llamamos buenas prácticas socioambientales de respeto a su entorno. Entonces, ¿por qué creemos que tenemos más derechos que quienes han hecho un uso adecuado en esos espacios?”, concluyó.
