El colectivo feminista Menstruación Digna México presentó el pasado septiembre una iniciativa de Ley frente a la Cámara de Diputados para eliminar el 16% de IVA de todos los productos asociados a la menstruación. La propuesta presentada por la diputada Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) busca generar un debate sobre la salud, la desigualdad y la justicia financiera. “La menstruación es política y como tal debe atenderse”, dicen desde el colectivo.
El grupo que ha redactado la propuesta formado por Fundar, Oxfam México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), señala que el IVA es un impuesto al consumo que a diferencia de otros impuestos, no distingue entre quién lo paga y por lo tanto, impone cargas tributarias iguales pese a la desigualdad económica y de género.
“En México las políticas públicas y tributarias carecen de perspectiva de género y derechos humanos, mientras hombres y mujeres continúen enfrentando realidades socioeconómicas diferentes, los sistemas tributarios -que son neutros al género-, van a afectarles de manera diferente”, explica Paulina Castaño, investigadora de justicia fiscal del centro de investigación y análisis Fundar.
Una mujer menstrúa 2.535 días de su vida, aproximadamente, el equivalente a 7 años seguidos, dicen desde Fundar. Según datos del INEGI, más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes en México -entre 15 y 50 años- menstrúan en la actualidad. De ahí, de acuerdo a la investigación de Fundar, 4 de cada 10 vive en situación de pobreza multidemensional. “Los impuestos al consumo afectan de manera desproporcionada a las mujeres y personas menstruantes que tienen que hacer un gasto adicional para gestionar su menstruación”, afirma Castaño.
Según un estudio reciente por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en México existe una brecha salarial del 16% entre hombres y mujeres en los trabajos remunerados. A eso hay que sumarle la desigualdad de género y las divisiones sexistas del trabajo doméstico y de cuidados, sin remunerar. “La existencia de mujeres sin recursos propios es la mayor expresión de la falta de autonomía económica”, agrega la investigadora de Fundar. “Necesitamos 360 toallas o tampones al año, es decir 720 pesos anuales que equivale al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre en el país, lo que es muchísimo”, puntualiza.
En un país donde hablar de menstruación sigue representando un tabú, la propuesta ante el Congreso no solo busca reformar el artículo 2 de la Ley de IVA para incluir a estos productos dentro de los llamados de “tasa cero” como las medicinas o los alimentos, también intenta establecer un debate sobre justicia social y acceso a la salud. En Latinoamérica existen algunas iniciativas parecidas a la que se ha planteado en México. Colombia fue el primer país de la región en eliminar el impuesto a la menstruación y en Argentina hay una propuesta similar.
“La tasa 16% transgrede normas de derechos humanos como igualdad y no discriminación, derecho a la salud, mínimo vital, vida digna, trabajo y la educación de las mujeres”, sentencia Castaño lo que impide que una mujer se desarrolle socialmente en condiciones de igualdad con un hombre.
