Igualdad de genero

Islandia: Feministas protestan contra la brecha salarial acortando su jornada laboral

Según las últimas estadísticas, las islandesas todavía cobran de media un 26% menos.

Foto: protesta en Reikiavik (Agencias)

Foto: protesta en Reikiavik (Agencias)

Las organizaciones feministas habían hecho un llamamiento a dejar caer el bolígrafo, a colgar el uniforme o a apagar el ordenador exactamente dos horas y cinco minutos antes del cierre, porque ateniéndose a las estadísticas de brecha salarial calculan que es entonces cuando las mujeres dejan de cobrar por hacer el mismo trabajo que los hombres.

Es la quinta vez desde 1975 que las feministas islandesas celebran el Kvennafrí, o el día Libre de las Mujeres. El 25 de octubre de 1975 es una fecha mítica, grabada en la psique colectiva. El día de la huelga femenina convocada por el grupo Medias Rojas, que siguió un 90% de las islandesas desde el puesto de trabajo o el hogar. Fue un punto de inflexión en Islandia, entonces un país humilde y conservador que estaba a la cola de Europa en igualdad de gé­nero. Cinco años después, una madre soltera llamada Vigdis Finnbogadóttir se convertía en la primera jefa de Estado electa del mundo.

Hoy el pequeño país lidera –desde hace nueve años– el ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial, que evalúa sanidad, economía, política o educación en 144 países.

Lejos de darse por satisfechas, las feministas insisten en que queda camino por recorrer y apuntan a la brecha salarial, que me­jora pero no desaparece. En el 2005, las manifestantes salieron del trabajo a las 14.08 h; a las 14.25 h en el 2010 y a las 14.38 h en el 2016. “Hemos ganado sólo 47 minutos en trece años. Si seguimos a este ritmo, tendremos que esperar otros 29 años antes de que las mujeres de Islandia cobren los mismos salarios de media que los hombres, en el 2047”, razona la página web de los organizadores de la protesta. Según las últimas estadísticas, las mujeres todavía cobran de media un 26% menos que los hombres.

“Que Islandia lidere los rankings no dice tanto sobre lo bien que van las cosas aquí sino más bien lo mal que van las cosas para las mujeres en el mundo”, dice Brynhildur Heiðar og Ómarsdóttir, de la Asociación Islandesa por los Derechos de las Mujeres, que subraya que es el empuje del movimiento feminista en el país lo que explica los avances logrados.

La ministra de Justicia, Sigríður Andersen, no siguió ayer la protesta, que, subraya, “técnicamente no es una huelga sino un acto festivo ya que los propios empresarios animaban a las empleadas a participar”. Miembro del conservador Partido de la ­Independencia, Andersen es muy crítica con los cálculos que hacen las manifestantes y señala otro dato estadístico, el de la brecha salarial ajustada. “Según estos datos, la brecha inexplicada es sólo del 5% y no hay ninguna investigación que demuestre que se deba a una discriminación de género sistemática”, dice.

Las feministas replican que este dato estadístico es engañoso, y que hay que mirar la media de ingresos porque la desigualdad de género se expresa también en que muchas mujeres trabajen jornadas parciales o no hagan horas extras para ocuparse del hogar o los hijos o en que los trabajos considerados de mujeres sean los peor pa­gados. “Eso también tendrá un impacto sobre sus pensiones, así que creemos que hay que mirar la brecha salarial de una forma más realista”, dice Heiðar og Ómarsdóttir. El lema de la manifestación ayer era “Cambiemos el mundo y no a las mujeres”.

La ministra lo ve de otro modo. “Son las mujeres quienes toman la de­cisión de trabajar menos horas o de ocuparse de sus hijos, no son las empresas quienes las ­toman por ellas”, argumenta. Andersen no oculta que no le gusta la nueva ley para impulsar la igualdad salarial, pionera en el mundo. Entrada en vigor en enero, la ley –que impuso un socio de la coalición de Gobierno– obliga a las empresas de 25 o más empleados a demostrar que pagan a todos lo mismo según sus funciones, sin discriminar por género, sexualidad o etnia. “Siempre soy escéptica frente a las ­intervenciones estatales en estas cuestiones –dice la ministra, que subraya que no se ha multado a ninguna empresa aunque la ley lo contempla–. Es una carga burocrática para las empresas. Además muchas ya lo estaban haciendo de forma voluntaria antes de la ley”.

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