La respuesta a la investigación periodística de Buzzfeed llegó un año después en el informe publicado este martes. Como primera medida, el panel de expertos encontró que WWF nunca contrató a los guardaparques acusados de abusos con el uso de armas y aclaró que era un personal empleado por gobiernos locales.
El panel de expertos explicó también que, luego de realizar el seguimiento al caso, ningún miembro del equipo de WWF en la zona dirigió o participó en los actos señalados por Buzzfeed y mucho menos, tenía acceso a armas.
Por eso, la investigación de expertos llegó a la conclusión de que la organización de conservación no hizo parte de los actos denunciados meses atrás. “El Panel no ha encontrado ninguna evidencia de que el personal de WWF haya planeado o alentado prácticas que vulneren derechos, ni de que haya participado en estas”, señaló la organización en un comunicado.
Sin embargo, el grupo de expertos fue claro en señalar también que WWF sí falló en la falta de mecanismos de reclamación más accesibles y en la seguimiento de las quejas de una forma más transparente. Además de identificar la necesidad de involucrar a los gobiernos locales para defender los derechos humanos e implementar más rigurosamente las políticas propias.
“El panel también fue implacable en su conclusión de que tenemos que hacer más. Aceptamos las recomendaciones del Panel y las estamos abordando todas, además de las acciones que ya hemos tomado para cumplir mejor con nuestros compromisos con las comunidades. Informaremos periódicamente sobre los avances realizados en relación con estas acciones”, dijo WWF en un comunicado.
Según los investigadores del caso, es claro que WWF fue una de las primeras organizaciones en trabajar con principios claros de respeto a los derechos y encontró en su trabajo “estándares más altos que las leyes y prácticas de los estados” en los que han hecho presencia.
Frente a las críticas WWF reconoció las fallas y se comprometió concretamente a:
Realizar cambios para garantizar que se escuchen las voces de las comunidades y así mejorar la capacidad para cumplir los compromisos de conservación.
Hacer un mejor uso de su influencia internacional para ayudar a los gobiernos locales a cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos.
Tomar medidas adicionales para reducir los conflictos entre las comunidades y los guardabosques del gobierno.
Fortalecer los sistemas de gobernanza gestión para cumplir los compromisos.
El panel fue integrado por la jueza Navi Pillay, presidenta del Panel y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el panel también incluyó al Profesor John Knox, primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, y a la Dra. Kathy MacKinnon, presidenta de la Comisión Mundial de la UICN sobre Áreas Protegidas (CMAP) y ex Especialista Líder en Biodiversidad del Banco Mundial.
